Uniandes y el arte milenario de cerrar Escuelas de Pregrado
Acif
Hace poco la universidad anunció el cierre de la Escuela de Gobierno. La razón oficial: “baja inscripción”, “no vale la inversión”, “demasiados profesores para tan pocos estudiantes”, “la realidad social es muy compleja”. Es un libreto tan cliché que casi podría estar escrito en una pancarta frente al Starbucks de la entrada. Yo me pregunto, ¿a dónde van esos 25 millones por estudiante? ¿A los CBUs sin cupo que incluso estando en séptimo semestre de la carrera no he podido inscribir?
Lo curioso es que ese cuento ya se contó antes. La semana pasada, investigando para un proyecto de Historia de la Fotografía en Colombia (gracias Juanita) me encontré con que en 1971 sucedió lo mismo con la Escuela de Arte. También entonces se habló de lo costoso que resultaba mantener un programa con poca matrícula, también se insistió en que había que “optimizar recursos”. Y también se dijo que no valía la pena seguir sosteniendo esa rareza insular que ocupaba los talleres en la parte alta de la loma y que de cada veinte estudiantes producía si mucho un artista de renombre.
El contexto era distinto, claro. Finales de los sesenta: huelgas estudiantiles, política en la cafetería, películas de Eisenstein proyectadas sobre sábanas en el taller improvisado del séquito de Marta Traba. En Artes, los debates llegaban a extremos insólitos: si para pintar prostitutas era condición indispensable ejercer el oficio o al menos frecuentar prostíbulos, por ejemplo. Ese mundo, visto desde la Rectoría, parecía una amenaza, un despelote. Y la solución fue simple: cerrar la Escuela.
El argumento oficial fue casi idéntico al que escuchamos hoy: no se justificaba la inversión, había pocos estudiantes, sobraban profesores, el impacto era dudoso. Así se clausuró, de un día para otro, un programa que muchos consideraban el mejor del país en su área.
“Estábamos en una evolución académica impresionante…, es que vivíamos para eso, la gente se nutría de lo que pasaba ahí. Uno no iba simplemente a dictar una clase, uno iba a aprender” recuerda Santiago Cárdenas de esos años.
Lo que se perdió entonces fue incalculable, aunque se disfrazara bajo el lenguaje administrativo de la eficiencia, que hoy viene siendo reencarnado en la sonora “diversificación de ingresos” de la rectora para quien la inscripción es insuficiente y las voces de los estudiantes son muy calladas.
Medio siglo después, el mismo razonamiento vuelve a aparecer, ahora contra la Escuela de Gobierno. Los tiempos son otros, pero la lógica parece igual. Lo paradójico es que, en nombre de la renovación y el progreso, la universidad recurre a los mismos argumentos de hace cincuenta años. Casi palabra por palabra.
Podría pensarse que se trata de una coincidencia, o de un ciclo natural de ajuste. Pero lo cierto es que hay algo inquietante en señalar que la institución que presume de formar memoria crítica repite, cerca a verbatim, sus viejas justificaciones, sus viejos discursos.
En 1971 los sacrificados fueron los artistas. En 2025, los de Gobierno. Mañana, quién sabe. Lo único que permanece es el discurso.
UN ENSAYO…
Uniandes cierra el pregrado que Colombia más necesitaba
S.S. Gómez
La historia tiene una manera cruel de repetirse, y en Colombia, esa repetición lleva el sabor amargo de la violencia política. Mientras las calles de nuestro país se tiñen nuevamente de sangre —con el asesinato de un pre-candidato presidencial egresado precisamente de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, el secuestro de 34 soldados por disidencias de las FARC, y la explosión de un camión bomba en Cali que dejó decenas de víctimas—, la Universidad de los Andes toma una decisión que no puede ser más inoportuna ni más absurda: cerrar el pregrado en Gobierno y Asuntos Públicos.
Es necesario recordar las circunstancias que dieron origen a esta institución para comprender la magnitud del contrasentido que representa esta decisión. En 1948, en plena época de La Violencia, cuando el país se desangraba tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y la polarización política permeaba hasta las instituciones educativas ligadas a partidos políticos o a la iglesia, un joven de apenas 24 años tuvo la visión de crear algo diferente. Mario Laserna fundó la Universidad de los Andes como la primera universidad privada laica e independiente de los partidos políticos en Colombia, inspirándose en el modelo anglosajón que había conocido en Columbia y Princeton. Su propósito era claro: formar personas capaces de impulsar el desarrollo nacional, cerrar la brecha entre Colombia y los países industrializados, y preparar una nueva clase profesional para afrontar los desafíos técnicos y sociales del momento.
Laserna entendía algo que la actual administración de Raquel Bernal parece haber olvidado: que en momentos de crisis política y social, la academia debe asumir su responsabilidad formativa con mayor urgencia. La universidad nació precisamente respondiendo a una Colombia fragmentada y violenta, no para huir de ella.
Hoy, años después, cuando Colombia atraviesa una nueva crisis de gobernanza marcada por la polarización extrema, la corrupción sistémica, la violencia política y las tensiones sociales que parecen recrudecer cada día, la Universidad de los Andes decide que formar profesionales específicamente orientados a asuntos públicos y liderazgo es prescindible. Esta decisión es una traición a los principios fundacionales de la institución y una claudicación frente al momento histórico que vive el país.
La comunicación oficial de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo en agosto de 2025, informando que no habría nuevas admisiones al pregrado, ejemplifica esa tendencia institucional a esconderse detrás de eufemismos y palabras cuidadosamente escogidas. Mientras la rectora Bernal abre “espacios de diálogo” que en realidad funcionan como ejercicios de contención, la universidad oculta las verdaderas razones detrás de esta decisión y silencia las conversaciones previas que los estudiantes tienen derecho a conocer. Recomiendan a los interesados optar por Economía, Derecho, Estudios Globales o Ciencia Política, como si estas disciplinas pudieran reemplazar la formación particular que ofrecía el pregrado en Gobierno, diseñado específicamente para abordar los desafíos del liderazgo y las políticas públicas en un contexto como el colombiano.
Es cierto que Colombia enfrenta una transición demográfica significativa, como reporta El País, con una caída en el número de nacimientos que afectará la cantidad de jóvenes que ingresarán a la educación superior. Las universidades privadas registraron una caída del 27% en nuevos estudiantes de pregrado entre 2016 y 2020, y aunque hubo recuperación pos-pandemia, la disminución acumulada entre 2016 y 2022 fue del 16%. Bogotá, donde se encuentra Los Andes, ha sido una de las ciudades más golpeadas por esta tendencia, y cuando la actual generación de niños de entre 0 y 4 años llegue a la universidad, habrá aproximadamente un millón menos de jóvenes comparado con generaciones anteriores.
Sin embargo, usar esta realidad demográfica para justificar el cierre de este programa revela una comprensión superficial del momento histórico. Si hay menos jóvenes accediendo a la educación superior, la responsabilidad de una universidad como Los Andes debería ser asegurar que esos pocos que sí llegan tengan acceso a la mejor formación posible en las áreas más críticas para el país. Cerrar el pregrado en Gobierno y Asuntos Públicos en medio de las crisis políticas que vivimos es como cerrar las escuelas de medicina durante una pandemia, no sólo es contraproducente, sino éticamente cuestionable.
La universidad celebra con orgullo su crecimiento extraordinario en las últimas décadas: de 27 a 44 pregrados, de 15 a 93 maestrías, de 1 a 17 doctorados, y un salto en el ranking QS del puesto 450-500 al 198 mundial y sexto en América Latina. Este crecimiento ha sido acompañado por un aumento significativo en el número de profesores con doctorado,con un 77% en 2023. Paradójicamente, esta expansión académica e internacional coincide con una contracción en el compromiso con los asuntos públicos nacionales. Es como si, mientras más se internacionaliza Los Andes, más se aleja de la realidad colombiana que debería estar ayudando a transformar.
En el conversatorio del 75° aniversario, liderado por la rectora Bernal junto a profesores eméritos, se habló de imaginar el futuro de la universidad hacia el centenario en 2048. Se planteó un modelo educativo con algunos ejes: aprendizaje a lo largo de la vida, flexibilidad y personalización, interdisciplinariedad y colaboración. Se adoptó el “pensamiento de futuros” como herramienta estratégica, con expertos como Peter Bishop y Susan Grajek. Todo muy loable en teoría, pero ¿cómo se construye ese futuro cerrando precisamente el programa que forma a quienes deberían estar liderando la construcción de ese futuro en el ámbito público?
La pregunta que surge inevitablemente es: ¿esta transformación que esperan, este futuro que sueñan, es sin los estudiantes? Porque esa es exactamente la impresión que genera esta decisión. Mientras se habla de flexibilidad, personalización e interdisciplinariedad, se elimina justamente el programa más interdisciplinario de todos, que combinaba ciencia política, administración pública, economía y liderazgo. Mientras se habla de colaboración con actores públicos y privados, se cierra el programa diseñado para formar a esos futuros actores públicos.
Los estudiantes actuales del pregrado continuarán con su plan de estudios, pero el anuncio ya genera dudas sobre la continuidad, el prestigio del título y la validez de las redes académicas que se estaban consolidando. Más grave aún, quienes planeaban inscribirse en este programa se encuentran súbitamente sin esa opción, obligados a escoger otros pregrados que no necesariamente responden a sus intereses y vocación de servicio público. Esta situación no solo afecta a los estudiantes directamente involucrados, genera incertidumbre en toda la comunidad universitaria, haciendo que otros estudiantes se pregunten: “¿y si mañana cierran mi pregrado?”
El timing de esta decisión no podría ser más desafortunado. Colombia vive uno de sus muchos momentos complejos en términos de gobernanza y violencia política. La polarización alcanza niveles preocupantes, las discusiones públicas están llenas de odio entre colombianos, el extremismo gana terreno, y la crisis institucional se profundiza. En este contexto, decidir que formar jóvenes comprometidos con el servicio público es obsoleto es una abdicación de responsabilidad histórica.
El cierre del pregrado en Gobierno y Asuntos Públicos en la Universidad de los Andes es un síntoma de una enfermedad mayor: la falta de visión sobre el papel que debe cumplir la academia en un país en crisis política permanente. ¿Cómo puede Colombia aspirar a formar líderes capaces de enfrentar la corrupción, la polarización y la violencia si las mismas universidades clausuran los espacios para ese debate y esa formación?
Resulta paradójico y preocupante que, mientras los índices de violencia política crecen y el país requiere más que nunca de profesionales preparados para los desafíos de la gobernanza, la academia opte por el silencio institucional. Callar frente a la urgencia nacional no es neutralidad: es complicidad. Es traicionar el legado de Mario Laserna, quien en 1948 entendió que precisamente en los momentos más oscuros es cuando la universidad debe brillar con mayor intensidad, formando a quienes tendrán la responsabilidad de sacar al país adelante.
La decisión de cerrar este pregrado es, en última instancia, un reflejo de una universidad que ha perdido el rumbo, que confunde el crecimiento con el progreso y la internacionalización con la relevancia. Una universidad que olvida que su verdadera medida no está en los rankings internacionales, sino en su capacidad de responder a las necesidades de su país en sus momentos más críticos. Una universidad que, paradójicamente, mientras planea su futuro hacia 2048, renuncia a formar a quienes deberían estar construyendo ese futuro desde lo público hoy.
Colombia necesita más profesionales en gobierno y asuntos públicos, no menos. Necesita más debate sobre políticas públicas, no menos. Necesita más líderes formados para enfrentar la corrupción y la violencia, no menos. La decisión de Los Andes va exactamente en la dirección contraria a lo que el país requiere, y esa es la razón por la que esta decisión no es solo equivocada, es absurda.
